Imagen de archivo / EFE© EFE Imagen de archivo / EFE Primero los datos. Desde 2013 hasta 2016, los precios del alquiler de viviendas han aumentado hasta en un 30% en España. Pero la situación es especialmente compleja en las principales ciudades y las localidades más turísticas del país donde, en paralelo, está desapareciendo la oferta por la irrupción del alquiler turístico.
Contra ese auge mayúsculo de las rentas, que afecta a cientos de miles de ciudadanos, llega hoy al Congreso de los Diputados la primera proposición de ley que pretende pinchar la burbuja de los precios del alquiler a escala nacional, con una regulación que ha elaborado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que han hecho suya los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu.
La iniciativa es mucho más amplia y pretende una regulación integral de todo el mercado de la vivienda en España, modificando un importante número de leyes para, entre otros asuntos, facilitar la paralización de desahucios cuando se trate de la primera vivienda, regular la dación en pago cuando no se pueda hacer frente a la hipoteca o blindar el acceso a los suministros de luz, agua y gas.
El registro del proyecto de ley estará apadrinado hoy en el Congreso por los mencionados partidos políticos pero las fuentes consultadas por este diario afirman que el PSOE apoyará «el avance del texto» y Ciudadanos no lo bloqueará. Algo que garantiza que el Congreso vaya a entrar a debatir y trabajar con intensidad en posibles cambios en el mercado.

Un precio máximo

Una de las iniciativas más novedosas que plantea el proyecto de ley es implantar un precio máximo en el alquiler de una vivienda. Ya sea en un contrato entre particulares o con una sociedad. La idea es fijar un índice de precios en función de las características de la vivienda, como su ubicación o el número de habitaciones. Que sirva para establecer un precio techo que nunca se pueda sobrepasar. Una propuesta que, según fuentes de la PAH, está inspirada en fórmulas aplicadas en «París o Berlín».
El proyecto habla de un índice a escala nacional, pero se subraya que tendrá prioridad el que puedan imponer los distintos ayuntamientos. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.
En relación a este asunto, destaca otra medida. Se quiere imponer que la duración mínima de un contrato de alquiler sea de cinco años cuando sea entre particulares y de 10 años si es con una sociedad. Los autores pretenden garantizar la estabilidad del inquilino y evitar, según las fuentes de la PAH, la «especulación» y que no se renueven los contratos «para subir los precios del alquiler».
No obstante, estas fuentes admiten que las partes podrían todavía pactar menos años de duración de contrato, pero que se quiere dar la posibilidad al inquilino de pedirlo.
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Otra propuesta es obligar a los fondos de inversión y a los bancos a la cesión de los pisos «injustificadamente vacíos» para usarlos temporalmente para alquiler por 10 años.